Metepec, Edomex., a 9 de marzo de 2016.- La activista María Elena Morera, se presentó e invitó a estudiantes de la Universidad del Valle  de México Campus Toluca, escenario  en el que este día inició el 2o Congreso Internacional de Derecho, a que se sumen a la campaña ciudadana para la Ley 3 de 3.

Manifestó que esta Ley busca convertirse en lo que será la “Ley General de Responsabilidades Administrativas”, una de las dos nuevas leyes que deben crearse a partir de la aprobación de la Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y que deberá suceder a más tardar en mayo de 2016.

¿Para qué sirve la Ley 3 de 3?, preguntó María Elena Morera a los estudiantes de UVM; “para emprender mi negocio o para el Estado de Derecho en México, la respuesta es simple pero a la vez compleja, nos sirve a todos para iniciar un proceso que termine con la corrupción en el país”, señaló a estudiantes de UVM.

La corrupción, dijo María Elena Morera, es el cáncer que afecta la seguridad, los negocios, alimenta la impunidad e impide que el Estado  de Derecho sea el que rija todos nuestros actos, comentó la activista.

María Elena Morera explicó a los estudiantes de diversos Campus  de la UVM presentes en el  2º Congreso Internacional  de Derecho, que la Ley 3 de 3, propone nueve puntos, éstos son:

1.- La obligación de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo funcionario, de forma periódica y pública.

2.- Directrices para la conducta ética esperada de los servidores públicos.

3.- Un marco de responsabilidades único para todo el país y los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno y órganos autónomos.

4.- Medidas preventivas basadas en las mejores prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado participe de actos de corrupción.

5.- Mecanismos para que los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de manera segura y anónima.

6.- Una clasificación de los 10 actos de corrupción grave: soborno, desvío de fondos públicos, tráfico  de influencia, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción  de la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

7.- Dotar de los recursos y herramientas necesarias para la investigación efectiva de actos de corrupción a las autoridades responsables. Creación de una plataforma digital que centralice información de cualquier órgano de gobierno necesaria para la investigación.

8.- Sanciones severas para servidores públicos que cometan actos de corrupción y una lista negra de consulta obligatoria.

9.- Mayor coordinación entre las autoridades responsables de investigar y  sancionar actos de corrupción. Aprovechando la experiencia de más de 90 autoridades fiscalizadoras e investigadoras a nivel nacional.

“Sin duda estos nueve puntos son un lugar de partida y un paso que los ciudadanos y sus organizaciones sociales estamos dando para contribuir a la solución de los problemas de corrupción, sin embargo, para que esta “medicina” funcione, es necesario que el paciente –todos nosotros-, también colabore”, culminó María Elena Morera.

 

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